LA CRISIS DE LA POLÍTICA ANTINARCOTICOS

POR: WALTER ALDANA

Y  fue el punto 4   que contenía  la agenda  para la “terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, que consigno una política denominada plan integral de sustitución, y una institucionalidad conocida como programa de sustitución de cultivos ilícitos- PNIS.

A partir de 2017 y fruto del  acuerdo entre las FARC-EP y el gobierno nacional (se determinó la construcción de los escenarios) que además contaria  con la representación de las y los pequeños productores de coca, marihuana y amapola, reconocida como COCCAM, así como de otras organizaciones sociales.

En el anterior espacio mencionado, se determinó la ruta para implementar el programa PNIS, concertado entre los participantes y con la compañía de la cooperación internacional de Naciones Unidas y la MAPP-OEA.

Con antelación se había vivido la aspersión aérea desde  los años 2000 hasta el  2015, cuando la Honorable corte constitucional suspendió dicha actividad con el uso del Glifosato como químico  que venía siendo utilizado aéreamente.

En la presente coyuntura de paro nacional, se han movilizado los y las pequeñas productoras de hoja de coca, en nuestro caso han presentado  para discutir en la mesa campesina, social, popular y comunitaria del departamento del Cauca (reconocida en el decreto 0250-06-2021)  aspectos  relacionados entre sí  como los a continuación menciono: “demandamos la derogatoria del decreto 380 del 12 de abril de 2021 Por el cual se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, y se dictan otras disposiciones. Demandamos la Implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos- PNIS,  Demandamos la implementación de los Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET,  Demandamos el acceso a la propiedad de la tierra rural y la gestión territorial para la Alimentación del fondo de tierras”.

Según lo anterior que la exigibilidad de derechos no sea solo con relación a la aspersión, sino que cobije temas como el acceso a la tierra y la implementación de los Pdets, es muestra de la visión integral que tienen los campesinos marchantes y con ello se  debería  borrar la estigmatización de que su interés es el del narcotráfico; se puede leer fácilmente que ha sido la lejanía  territorial y la falta de oportunidades que les ha obligado a utilizar este producto para su subsistencia.

Hay gato encerrado en el manejo de cifras:  en el 2019 se tenía “sembradas en el país según el ministro de justicia Wilson Ruiz  154 mil hectáreas de hoja de coca”,  en diciembre del 2020, anunció  el presidente Duque la erradicación manual de 130 mil, se tendría entonces  para el 2021  24 mil hras, digamos se volvieron a resembrar  80 mil  lo que da como resultado un total de  104 mil  plantadas  a la fecha de hoy, no me explico cómo dice la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca que “Colombia tiene récord de 245 mil hectáreas sembradas en 2020.

Lo real es que la voluntad de sustituir (no erradicar forzosamente) aún existe en las pequeñas y pequeños productores, (los grandes es otra cosa), en quien NO existe esa voluntad y lo digo con mayúsculas; es en el gobierno que viene haciendo trizas los acuerdos.