Hablaba usted de lo complejo de la lucha contra el narcotráfico, ¿ello ratifica su insistencia en el uso del glifosato para enfrentar el problema de los cultivos ilícitos, pese a los múltiples reparos?

Colombia llegó a tener 188 mil hectáreas de coca cuando empezó el Plan Colombia y entre el año 2000 y 2014 se pasó a menos de 50 mil con la combinación de muchas herramientas: aspersión, erradicación y desarrollo alternativo. A partir de 2014, se dijo no más aspersión, y desde entonces, hasta 2018, pasamos a más de 200 mil hectáreas. Nosotros lanzamos la política “Ruta Futuro”, y dijimos esta no es la bala de plata para acabar con el hombre lobo. Tiene que haber una combinación de herramientas. Dijimos sí a la erradicación manual, sí a la interdicción, sí a romper las cadenas de suministros y de precursores químicos, sí a la destrucción de laboratorios y también, donde se requiera, aspersión con precisión, basados con los protocolos dados por la Corte Constitucional. Hemos tenido algunas diferencias con EE. UU. y estamos haciendo una mesa técnica de monitoreo. Pero lo cierto es que Colombia tiene que seguir bajando esos cultivos con multiplicidad de herramientas. ¿Nos podemos dar el lujo de no utilizar la aspersión en algunos casos donde se requiera? Diría que no. Tenemos territorios que están minados o tienen francotiradores o tienen cultivos industrializados al servicio de carteles, y debemos que tener capacidad para llegar. Es que no se pueden dejar de ver a lo que está sometido el país, porque mucho se habla del daño ambiental causado por el glifosato, pero muy poco del daño ecológico que causa la coca. Nadie dice que por una hectárea de coca se destruyen dos de selva tropical, ni menciona los vertimientos de químicos en las áreas de los laboratorios. Lo claro es que no rechazamos ninguna herramienta y cada una tiene su ocasión y funcionalidad.

¿Por qué rechazó los mecanismos de seguimiento de la CIDH, pero sí pidió seguimiento en Cuba y Nicaragua?

Colombia es un país fundador del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cuando miramos el reporte, primero dije que hay que recibirlo de manera constructiva, pues la gran mayoría de él es de cosas que ya se están haciendo en Colombia, por vocación propia del Estado y hay otros temas en los que tengo discrepancias. Por ejemplo, a la necesidad de tener una instancia adicional de observación, pues Colombia tiene un sistema de protección y tutelaje de los derechos fundamentales que no tienen otros países. Hay una Defensoría del Pueblo, una Procuraduría y a nivel territorial existen personerías, es decir, una institucionalidad robusta. Por eso, tener una instancia que pretenda sustituir esas funciones, no estoy de acuerdo. Segundo reparo: estoy en desacuerdo en llamar a los bloqueos cortes de ruta, porque lo que son es una violación a los derechos colectivos de la sociedad. No tenemos por qué aceptar que se aplaquen derechos de la sociedad para imponer los propios. Y nuestro Código Penal, en el artículo 353, es diáfano. Además no se analizó el contexto histórico en la propuesta de pasar la Policía al Ministerio del Interior. La Policía, que tiene 130 años, de los cuales pasó 60 en el Ministerio de Gobierno y a este país le costó mucha sangre tenerla politizada, donde los rangos, el personal en territorio o las investigaciones estaban sujetas a los directorios políticos. Además, las observaciones de la CIDH no son vinculantes y son debates que también los tuvo Chile, los ha tenido México y nosotros tenemos una democracia lo suficientemente madura para decir que muchas cosas ya la estamos haciendo y podemos tener reparos.

Hasta hoy van 278 firmantes de paz asesinados y los críticos dicen que su gobierno le ha puesto freno a la implementación del Acuerdo de Paz, ¿qué les responde?

Soy el primero en rechazar esos crímenes, pero empecemos por mirar quiénes fueron los firmantes. ¿Dónde está Iván Márquez, que era el jefe negociador? ¿Dónde están Santrich, que se paseó por el mundo diciendo ‘quizás, quizás, quizás’ y después se fue al terrorismo? ¿El Paisa, Gentil Duarte, Guacho, Iván Mordisco, Romaña, Grannobles? La lista es larga. Muchos de esos bandidos han matado a muchos de esos 278 firmantes, no puedo decir que a todos, pero a muchos los han matado esas disidencias y hay que reconocerlo, no para eludir responsabilidades, ni protección, pero la realidad es dura. Cuando me posesioné, los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) se acababan, iban a desaparecer, y los revisamos porque esas personas no podían quedar al garete. Hicimos adquisición de predios, estamos haciendo titulación de tierras y vamos a empezar a entregar 50 casas de 350 previstas este año para excombatientes. Además, autorizamos un pago adicional y programas de protección, y he estado en por lo menos nueve reuniones para dar garantías de seguridad. Recibí cero procesos productivos colectivos, los hemos multiplicado el 800 %. Los proyectos productivos individuales los hemos cuadruplicado. Las emisoras de capacitación comunitaria fueron entregadas. El catastro multipropósito ha empezado en este gobierno. Por eso, decir que no hay compromiso ante la desmovilización es falso ante las evidencias y que, por razones políticas, no se les pueda conceder a Duque algunos avances, por una bandera electoral, eso es otra cosa. Mi conclusión es que nuestro gobierno ha hecho mucho más que lo que hizo en 20 meses el gobierno anterior para la implementación del Acuerdo.

¿Cuál es su postura frente a las decisiones de la justicia transicional en los temas de secuestro y falsos positivos?

Los dos delitos son abominables. Frente al secuestro, este gobierno hizo una reforma constitucional y ahora ni este ni el narcotráfico pueden ser delitos conexos al delito político y por eso no son amnistiables. Frente a los falsos positivos, siempre he tenido una conducta de cero tolerancia. Que se hagan las imputaciones basadas en hechos y evidencias, como debe ser la justicia. Pero lo que sí es importante, y es lo que todos los colombianos queremos saber, es cuáles van a ser las sanciones. A mí me parece muy poca reparación que los victimarios ostenten poder a sus víctimas y que sigan manteniendo privilegios por encima del resto de la sociedad. Que no vayan a la cárcel, pues eso fue lo que se acordó. Pero de ahí a que puedan mantener una representación política ostentada a sus víctimas, me parece que antes que reparar es una revictimización.

O sea, ¿que las Farc no estén en el Congreso?

¿Qué puede contarnos que no se sepa sobre el atentado en su contra?

No me gusta hablar de la muerte. Lo que ocurrió fue grave y estamos vivos de milagro. Fue un acto cobarde, terrorista, pero vamos a seguir enfrentándolo. Le dije al ministro de Defensa: vamos a trabajar con la Fiscalía y hasta que haya absoluta certeza sobre los actores materiales e intelectuales se habla del tema. Las autoridades encontraron todas las pruebas, los videos, las llamadas, las compras, y todo está vinculado con el GAOR 33, con John Mechas, que está en Venezuela, con Darwin, que está en Venezuela. Ellos mantienen su línea de trabajo con Gentil Duarte, con Iván Mordisco y trabajan con carteles mexicanos en esas zonas de frontera. El Estado una vez más muestra su fortaleza y vamos a seguir enfrentando esos bandidos donde estén. Ellos lo planearon en Venezuela, porque están protegidos en ese país por el cartel de los soles, vinculado al cartel de Sinaloa.

Llama la atención que haya un excapitán del Ejército vinculado a ese atentado, más lo sucedido con los exmilitares en el asesinato del presidente de Haití. ¿Se han abandonado a los militares retirados?

El capitán no es un militar retirado, es un bandido. Que haya estado en las Fuerzas Militares, sí, pero es bandido porque es bandido. Y está vinculado en el atentado contra mi persona y contra la brigada 30. Es un bandido y es un terrorista. En el caso de Haití, por la información que se ha venido conociendo, todos fueron responsables, en mayor o menor grado, no hay atenuantes. Fueron llevados unos con la idea de prestar seguridad, otros sabían que iban a participar en algo oscuro como la captura del presidente, y estando allá cambiaron todos los planes, pero al final ellos sabían en lo que se metían. Son 23 y en Colombia en los últimos diez años se han retirado 80 mil soldados profesionales. Esto no es un patrón, pero son presuntos bandidos. Y hacen eso no porque estuvieron en las fuerzas. Lo hicieron porque fueron contratados para cometer un acto criminal. En Colombia hay algo que se llama la ruta de retiro, que empieza un año antes trabajando con el soldado y que lleva varios gobiernos. Claro que me preocupa lo que pasó en Haití. Tenemos que indagar mucho más hasta saber qué fue lo que realmente pasó. Eso fue una conspiración y los 23 colombianos estaban al servicio de alguien, políticos muy grandes en ese país. Eso tiene que ser develado y que en Colombia podamos ver qué se puede hacer para evitar que este tipo de fenómenos ocurra. Y le digo esto: ninguno tenía antecedentes penales y eso muestra la frialdad con la cual fueron buscados, contratados y llevados.

¿Por cierto, cuál será la tarea de la misión de la Cancillería que irá a Haití?

Garantizar los derechos humanos, como lo hacemos en cualquier país donde tenemos representación consular. En Haití tenemos un consulado honorario. Sabemos que los señores están implicados, sabemos lo que se conoce por la investigación, pero hay que garantizarles sus derechos humanos y un proceso justo. Y hay que ver en el tratamiento humanitario, mensajes que quieran enviarles a las familias, avanzar en la repatriación de los cadáveres.

Uno de los mayores cuestionamientos que se le hacen es que la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría son apéndices de su gobierno y que no le gustan los contrapesos…

Aquí lo que se ha hecho es cumplir con la Constitución. Terné a tres personas para la Fiscalía y por primera vez en la Constitución de 1991, la Corte Suprema de Justicia eligió unánimemente a un fiscal. Cuando yo me posesioné, el fiscal venía de ser ministro de la Presidencia del gobierno anterior. En la Procuraduría, terné uno y el Congreso elige una mujer que venía de ser ministra de Justicia y de haber trasegado por la Rama Judicial durante 45 años. ¿En serio creen que eligieron a la procuradora por ser ministra de Duque o por su trayectoria? ¿Quién era el procurador que yo recibí como presidente? Exembajador en España del gobierno anterior, ex director de la Agencia de Defensa del Estado y exministro del Interior. En la Defensoría terné al presidente de la Federación de Departamentos pensando en una entidad conectada con los territorios. ¿Pero quién era el defensor cuando yo posesioné? El secretario general del partido del gobierno anterior. Entonces pongamos el racero donde debe estar. No reprocho ninguna de las ternas que haya hecho el gobierno anterior. Se eligieron conforme a la Constitución, al igual que las nuestras, y están sujetos al escrutinio y la valoración del pueblo colombiano

Usted habla del respeto a la protesta social, pero las cifras de abuso policial distan mucho de ello. Son más de 2.000 las víctimas en las manifestaciones y al menos 44 muertos. ¿No cree que la reforma a la Policía debe ir más allá del cambio en el color del uniforme?

La protesta pacífica es un derecho que tenemos que proteger, pero no el vandalismo, ni la destrucción de la infraestructura pública. El mayor enemigo de la protesta pacífica es la violencia, y por eso la protesta pacífica se defiende y la violencia y el vandalismo se enfrentan con la ley, con el más alto estándar de derechos humanos. Claro que hay denuncias de abusos, pero cuántos procedimientos policiales se hacen al año en Colombia. El año pasado fueron 32 millones, ¿y cuántas denuncias? 4.000 o 5.000. Claro que hay que ir al fondo, pero lo que se demuestra es que hay un nivel de elevado compromiso por cumplir con la función policial y por eso he sido el primero en pedir las investigaciones. Por eso se requiere la transformación de la Policía, que no es solamente el uniforme, es la creación de la División de Derechos Humanos en la institución, el cambio del Código de Disciplina Policial, el mejoramiento del Estatuto de Carrera, el body cam o el sistema de expediente en línea. La idea es acercar la Policía a la comunidad, porque hay confrontaciones, pero la población colombiana acoge la labor que esta cumple. Pero así como se les respalda se les exige, por eso esta es la reforma integral más importante en 130 años

Es claro el rechazo frente a la violencia por toda la sociedad, ¿pero no cree que la respuesta del Gobierno frente a la razones de la protesta está siendo muy débil?

No creo y tengo claro que la protesta pacífica hay que escucharla siempre. Recuerdo que cuando empezó mi gobierno, no había cumplido ni 60 días, ya tenía un paro de estudiantes, que reclamaban más recursos para la educación, algo que nunca hicieron en los ocho años anteriores. Sin duda era una deuda histórica y una reivindicación válida. Nos sentamos a dialogar y logramos un acuerdo que fue firmado en la Casa de Nariño con los liderazgos estudiantiles. Con los sectores sindicales, el aumentó de 2018 se hizo por concertación, al igual que el pacto por el trabajo decente. Con los sectores de minorías étnicas, por primera vez se incluyó un capítulo en el Plan de Desarrollo, también en concertación. Entonces, frente a una protesta pacífica de justas reivindicaciones, toda la apertura para escuchar, pero frente a los actos de violencia, tiene que actuar la Fuerza Pública. Acá la función del orden público es como una escalera. Es muy fácil, y a veces hasta me da risa, cuando capturan a una banda de apartamento y aparecen los alcaldes locales, pero cuando tienen algo que les sale mal, como una protesta, entonces la responsabilidad es del presidente. Si un alcalde me dice: estamos en situación difícil, tengo que decretar toque queda, lo acompañó y cuando hemos tenido que dar instrucciones y órdenes conforme a la Constitución, se han impartido. Pero es muy importante que nadie eluda las responsabilidades.

¿No cree que es retador y hasta algo soberbio decir que lo que hay en Colombia es un estallido de emprendimiento y no un estallido social?

Las cosas en su contexto. Yo estaba en el SENA y ese día había jóvenes que podrían estar también con las mismas angustias de muchos de los que estaban en las calles, pero que estaban mostrando sus emprendimientos. Era una convocatoria que ya tiene más de 800 mil solicitantes para formarse en temas de robótica, de mecatrónica. Y lo que dije es que mientras hay algunos que solamente quieren generar estallidos de odio y de fractura, esta es la oportunidad para que tengamos un estallido de emprendimiento y de creatividad. Soy una perdona convencida, y no es soberbia, de que cuando uno logra conducir sentimientos de angustia, desesperación, de reclamo, hacia oportunidades de transformación de una sociedad, gana más la sociedad. Hoy con lo de la matrícula gratis vamos a ver un gran estallido de equidad, porque es la reivindicación del clamor de muchas generaciones. Yo espero que este año veamos un gran estallido de empleo juvenil con este incentivo, espero ver un gran estallido democrático de los jóvenes en noviembre participando en la elección de los consejos municipales de juventud. Y yo quiero ver un estallido de crecimiento económico, que es la única forma de cerrar las brechas, porque a mí de lo que no me van a poder convencer es que, en un país que viene sufriendo una pandemia, la mejor manera de enfrentarla es quitándole empleos a la gente, quitándole movilidad, quitándole oxígeno, quitándole muchísimas cosas a través de bloqueos. Los que se pronuncian pacíficamente se escuchan, trabajamos con ellos y por eso también gran parte de las respuestas sociales, porque son deudas acumuladas por años, pero la mejor forma de cerrar las brechas en este momento es vacunación masiva, reactivación segura, cerrar las brechas sociales y empoderar a los jóvenes de Colombia.

(vía elespectador.com)