La iniciativa presentada al Congreso de la República beneficiará a 7,8 millones de hogares (más del 50% de los hogares colombianos, los cuales recibirán recursos para aliviar el impacto de la pandemia de Covid-19) y se constituye en el proyecto fiscal más ambicioso que se ha presentado en materia de recaudo durante los últimos años.

En un articulado corto, la propuesta, resultado de un consenso con distintos actores de la sociedad, como jóvenes, congresistas, beneficiarios de programas sociales, empresarios y autoridades departamentales y municipales, pretende proteger a los más vulnerables, reactivar la economía y estabilizar las finanzas públicas.

Es así como se plantea la extensión de programas sociales como Ingreso Solidario, que, según la propuesta, iría hasta diciembre de 2022 y llegará a más de 4 millones de hogares a partir de abril de 2022.

De acuerdo con el Ministro de Hacienda y Crédito Público, con el esquema actual del programa, los hogares en pobreza extrema y pobreza moderada reciben $160.000 mensuales. A partir de julio de 2022, obtendrían un apoyo monetario en promedio de $267.579 y $195.906, respectivamente, el cual dependerá de su nivel de ingresos. “Con esto, queremos darle continuidad al esfuerzo en reducción de la pobreza, que ha venido realizando el Gobierno Nacional”, agregó.

Así mismo, el proyecto contempla un incentivo a la creación de nuevos empleos para jóvenes y el resto de la población. En este sentido, plantea un subsidio del 25% de un salario mínimo para los jóvenes de 18 a 28 años, no necesariamente para el primer empleo, el cual alcanzaría a cubrir las contribuciones a pensiones, cajas de compensación y riesgos laborales. Con este incentivo, se espera beneficiar cerca de 319.000 jóvenes, lo cual contribuiría a reducir sustancialmente la tasa de desempleo juvenil, de 24,2% observada en 2020 a 19,3%.

Por su parte, para el resto de la población que gane hasta 3 salarios mínimos, se dará un subsidio equivalente al 10% de un salario mínimo, con lo cual un empleador alcanzaría a cubrir cerca del 40% de la seguridad social de sus empleados. Este incentivo beneficiaría a 271.000 personas.

Ambos subsidios permitirán recuperar cerca de 500.000 empleos, aseguró el jefe de la cartera de Hacienda y Crédito Público.

El apoyo a la nómina (PAEF) es otro de los programas que se planea extender. Estará concentrado en la micro y pequeña empresa e incluirá a las personas naturales que tengan a partir de dos empleados.

Se extenderá por seis meses adicionales, hasta diciembre de 2021, beneficiando así a 400.000 empleados, con un costo de $1,1 billones.

De otro lado, el Proyecto de Inversión Social también contempla mayores recursos para el pago de la matrícula para 695.000 estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior pública en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, con un costo anual de $700.000 millones.

Austeridad y gasto público

La propuesta también contiene un ambicioso plan de austeridad, que generaría ahorros recurrentes de $1,9 billones entre 2022 y 2032, en promedio.

Según el Ministro, con este plan se limita el crecimiento de la burocracia y se mantiene la capacidad adquisitiva de los trabajadores públicos. Adicionalmente, se restringen los cambios en la planta de personal, se congelan las vacantes y se limitan los gastos en bienes y servicios.

“También llegaremos a un 50% del ahorro en gastos de viáticos, papelería, publicidad, vehículos y combustibles en un periodo de 10 años. No renovaremos telefonía celular, ni planes de telefonía móvil, internet y datos”, agregó el funcionario.

Pero esto no es todo, habrá un control en costos de arrendamiento, promoviendo el teletrabajo y los eventos virtuales; se racionalizarán los esquemas de seguridad; y se hará un control a los contratos de prestación de servicios, salvo aquellos que sean esenciales para el funcionamiento de las entidades.

Plan antievasión

Otro de los grandes pilares del Proyecto de Ley radicado en el Legislativo es el concerniente a la lucha contra la evasión de impuestos, plan con el que se pretende recaudar $2,7 billones anuales.

Las nuevas medidas en este sentido incluyen, entre otros, la expedición del RUT y de declaraciones sugeridas del impuesto de renta a aquellas personas que no cumplen con sus obligaciones tributarias. También plantea un sistema de información georreferenciada, con el objetivo de detectar el valor real de los inmuebles declarados.

Mayores ingresos provenientes del sector empresarial

El Ministro de Hacienda y Crédito Público sostuvo que la iniciativa radicada, contempla, además, mantener el descuento de ICA sobre el impuesto de renta en 50%, medida con la que se disminuye significativamente la tarifa efectiva de tributación de las empresas, al compararse con 2018, y no se afectan los ingresos de las entidades territoriales.

Se propone también establecer una tarifa de renta para empresas de 35%. En 2017, esta tarifa de renta era de 40%, y en 2018 de 37%, para empresas con utilidades de más de $800 millones. Restrepo precisó que continuarán los beneficios de la Ley de Crecimiento, como aquellos de contratación de jóvenes, Economía Naranja, renta exenta de 0% para el sector agroindustrial y las inversiones en hoteles y parques. En particular, para las microempresas, continuará vigente el Régimen SIMPLE de Tributación, que facilita y reduce el costo del proceso de cumplimiento de obligaciones tributarias para estos contribuyentes.

También se plantea una sobretasa al sector financiero de 3 puntos porcentuales hasta 2025. Adicionalmente, se establece una normalización tributaria como la principal herramienta para regularizar los capitales de los colombianos en el exterior. “Cada vez tendremos más jurisdicciones para intercambiar información en todo el mundo. Contamos con más de 110 jurisdicciones cooperando con la Dian”, explicó Restrepo.

El Ministro destacó que hay un acuerdo nacional en el que las clases medias no se deben gravar con impuestos adicionales, pues estas son el motor del consumo y, por consiguiente, de la reactivación. En este sentido, insistió en que la propuesta no tocará el impuesto a la renta de personas naturales, ni modificará la estructura del IVA.

Instrumentos de reactivación y sostenibilidad fiscal

El proyecto radicado permite, además, la posibilidad de regular el uso de comercio electrónico para la realización de hasta tres días sin IVA. De igual forma, establece una serie de beneficios para las entidades territoriales.

De otro lado, pretende fortalecer la sostenibilidad fiscal, para asegurar la financiación sostenible del gasto social. Lo anterior, mediante un fortalecimiento de la independencia y capacidad operativa del Comité de Regla Fiscal, la definición de un anclaje de deuda pública que permita converger a niveles prudenciales de esta variable (esta ancla será del 55% del PIB) y metas de balance fiscal que se ajusten de tal forma que lleven a la deuda a converger al ancla.

(vía periodicovirtual.com)